Por diversas razones estructurales, México ha sido un país particularmente favorable para el desarrollo de importantes grupos de delincuencia organizada que, dada su ubicación geográfica, han adquirido un evidente carácter trasnacional. Éste ha sido el caso de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. El nivel de desarrollo de estas organizaciones no puede ser entendido sin tener en consideración el factor esencial que, para ese propósito, ha implicado la protección estatal, en un marco de contubernio corrupto. En este caso, las fuerzas de seguridad, encargadas de aplicar la ley, e incluso funcionarios de alto nivel político, aparecen como protectores de los delincuentes, en franca prevaricación de sus tareas y responsabilidades.
Las condiciones del Estado y del régimen político influyen directamente en la manera de articular las relaciones de contubernio entre funcionarios y delincuentes y, por tanto, han afectado también la lógica de operación de los propios grupos delictivos.
Las características específicas con que ha evolucionado esta relación han favorecido el recrudecimiento de la violencia derivada de las actividades de la delincuencia organizada, con claros efectos negativos para el desarrollo político del país. La viabilidad de la gobernabilidad democrática y las expectativas de consolidar varios aspectos básicos de un régimen democrático liberal en México, como el Estado de derecho, la distinción entre intereses públicos y privados y el control soberano del Estado nacional sobre su territorio, requieren tener en cuenta las implicaciones que hacia ellos ejerce el fenómeno asociado al crimen organizado y su contubernio con funcionarios públicos formalmente encargados de combatirle.
A lo largo del periodo en que el régimen posrevolucionario tuvo la capacidad de controlar a la mayor parte de los actores políticos y sociales, el tipo de vinculación corrupta entre funcionarios públicos y delincuentes siguió un patrón centralizado-descendente-incremental. Esto, en términos generales, implicaba que los delincuentes estaban, como actores sociales, subordinados a la extorsión y los designios de las fuerzas de seguridad, que aparecían como factor preponderante de la relación, al ser capaces de establecer las líneas generales de la actividad delictiva.
La modificación en las condiciones de operación del régimen, hacia finales de los años noventa, ha favorecido que estas relaciones corruptas observen también una transición, hacia un esquema atomizado-multidireccionado-incremental, donde las condiciones de patronazgo en el vínculo de contubernio son más fluidas y sujetas a fluctuaciones, según la capacidad de los dos actores interesados, para prevalecer en ellas. En estas condiciones de mayor incertidumbre la violencia derivada del tráfico de drogas alcanza proporciones inusitadas, pues se carece de reglas y acuerdos perdurables, que den un mínimo de certeza a la lógica de operación de las actividades clandestinas e ilegales. En estas circunstancias se aprecia también una menor disposición de los delincuentes convencionales a aparecer como elemento subordinado en su relación corrupta con los funcionarios, lo que a su vez determina la posible existencia de una mayor propensión, por parte de diversas organizaciones de crimen organizado, a repeler violentamente los intentos de extorsión –ya no se diga de aplicación de la ley–, por parte de las fuerzas del Estado.
En la actualidad, esta violencia está repercutiendo negativamente en la vigencia presencial y funcional del Estado, en la gobernabilidad democrática y en las condiciones en que se pretende alcanzar la consolidación de un régimen democrático en México, según se ha demostrado en un trabajo previo del autor.
El cambio en la forma de articular este vínculo y sus repercusiones en el incremento de la violencia pueden ser comprobadas al analizar un caso especialmente paradigmático, que permite apreciar la influencia de las modificaciones en el tipo de relación de contubernio entre funcionarios y criminales en el comportamiento de estos últimos: el origen y la evolución del tráfico de drogas en el estado de Tamaulipas.
A principios de los noventa, la región noreste del país –una zona con escaso historial en materia de tráfico de drogas– comenzaba a dar muestras de una creciente participación en este negocio ilícito. En México esta actividad ilegal se había asentado históricamente en estados ubicados al oeste: la siembra de cultivos ilícitos había tenido lugar en entidades federativas como Sinaloa, Chihuahua, Durango, Michoacán y Guerrero. Adicionalmente, las rutas comerciales y de operación de las organizaciones delictivas se extendían también a Baja California Norte, Sonora, Jalisco y Colima. La producción y el transporte de sustancias ilegales en estas regiones se encuentran ampliamente documentados en la prensa nacional y local, por lo menos desde los años treinta.
El repentino auge de este tipo de actividad delictiva y de poderosas organizaciones dedicadas al tráfico de drogas ilegales en Tamaulipas, aparece como producto directo de decisiones y acciones de grupos corruptos que han tenido una importante presencia en las estructuras de poder federal y local. Han sido funcionarios públicos de ambos ámbitos quienes en su momento favorecieron la consolidación de lo que mediáticamente ha sido denominado como el cártel del Golfo, y de manera variable –por el cambio de condiciones políticas que ha presentado el país de 1994 a 2006– han brindado protección a los delincuentes que integran a dicha organización, en el desarrollo de sus negocios ilegales.
La génesis y evolución de la organización de traficantes de drogas del Golfo constituye un caso especialmente ilustrativo de la modificación de los esquemas de vinculación corrupta entre funcionarios públicos y el crimen organizado, que gradualmente se ha desarrollado durante los últimos doce años, como se comentó anteriormente. En la etapa de origen, se trata de una organización subordinada a intereses de grupos políticos federales y locales. Distintos trabajos periodísticos han señalado ya la participación activa de funcionarios públicos en el desarrollo de esta organización delictiva. Versiones públicas, corroboradas por fuentes confidenciales propias, señalan que a finales de los ochenta, la estrategia del nuevo grupo en el poder, para fortalecer a la organización creada en Tamaulipas, fue la de debilitar a sus competidores: las organizaciones delictivas asentadas en la región noroccidental del país. En pocos meses fueron detenidas o abatidas figuras como Miguel Ángel Félix Gallardo y Pablo Acosta Villarreal.
Estas fuentes consultadas por el autor, que desempeñaron altos cargos en la Procuraduría General de la República, confirman esta perspectiva. De acuerdo con sus testimonios, a finales de los años ochenta tuvo lugar en México una rearticulación del negocio ilícito del tráfico de drogas, auspiciada directamente desde la cúpula del poder político. Se restó poder a las organizaciones delictivas que tradicionalmente se habían encargado de esta actividad –bajo la protección de figuras políticas de importancia en periodos previos–, que estaban esencialmente asentadas en el occidente del país. Como contraparte, se favoreció el fortalecimiento de otras organizaciones criminales, con nuevos liderazgos que, de acuerdo con tales testimonios, contaban con el apoyo de los políticos que recién habían arribado grupos al poder. La rearticulación del negocio ilícito tuvo lugar a partir del descabezamiento de las organizaciones preexistentes, a fin de disciplinar a las distintas estructuras delictivas y obligarlas a aceptar los lineamientos impuestos por el nuevo grupo dominante.
Hasta finales de los ochenta, y a pesar de ser un estado fronterizo, Tamaulipas –base fundamental de operaciones de la denominada organización del Golfo– no había tenido una importancia sustantiva en la estructura nacional del comercio de drogas ilegales. El surgimiento de la organización del Golfo se debió a un proceso esencialmente artificial, donde se fortaleció un grupo delictivo que determinó su crecimiento y poderío a partir de la protección de funcionarios del Estado.
La organización del Golfo tiene antecedentes directos en las estructuras delictivas dedicadas al contrabando, asentadas en Tamaulipas. Pero si Tamaulipas no era un estado productor de marihuana o amapola, ¿cuál era la fuente de abastecimiento original de su organización, que entonces se iniciaba en el comercio de drogas ilegales? Como se ha visto, estas drogas se producían –y de hecho aún se producen– generalmente en estados ubicados en el costado occidental del país.
En la segunda mitad de los ochenta, la organización ya comandada por García Ábrego evidencia un crecimiento vertiginoso. De acuerdo con dos fuentes distintas, la organización comienza a traficar con cocaína en 1986. Pero aquí surgen nuevamente dificultades logísticas que dejan cabos sueltos: si el tráfico de marihuana hacia Estados Unidos, vía Tamaulipas, era marginal, el de cocaína lo era aún más. En 1986, García Ábrego habría entrado en negociación con la organización colombiana de Cali. Sin embargo, si no se establece una investigación sistemática, se pasa por alto un factor imprescindible para este salto cualitativo y, en su momento, cuantitativo: ¿cuál fue el mecanismo de intermediación entre una de las más grandes organizaciones sudamericanas dedicadas al tráfico de drogas y una –hasta entonces– incipiente agrupación delictiva mexicana, relativamente nueva y comparativamente marginal, respecto a los grupos de traficantes existentes en la región noroccidental del país?
Diversas fuentes públicas y confidentes propios señalan que, en este caso, el crecimiento en proporción geométrica de esta organización, a finales de los ochenta y durante la primera mitad de los noventa, se debió justamente a los apoyos logísticos y a la protección brindadas por funcionarios públicos insertos en esferas de alta trascendencia del aparato institucional del Estado.
Esta situación cambió radicalmente después del sexenio 1988-1994, especialmente a partir de 1996, con la captura de Juan García Ábrego. Tras la detención del capo, la organización entró en franca etapa de crisis, dado que muchas de sus figuras principales se encontraban también en prisión: significativamente, este hecho no causó una respuesta particularmente violenta por parte de su organización, pues ya se encontraba notablemente debilitada, tras concluir el mencionado sexenio.
Al menos durante dos años, diversas figuras, pertenecientes a los residuos de la organización, se sucedieron con pretensiones de mantener el tráfico a través de la plaza. De 1996 a 1998 hubo un continuo flujo de liderazgos, algunos de ellos construidos fundamentalmente por las percepciones de los medios de comunicación, pues en todo caso algunos aparecían ya dependientes de la organización de Amado Carrillo Fuentes, mientras que otros surgían y desaparecían como presuntas cabezas de las organizaciones, de acuerdo con la perspectiva del reportero en turno.
Durante esos años resalta la ausencia de indicios de una amplia confrontación violenta entre los grupos locales por hacerse del control de la plaza, hecho que se explica, a juicio del autor, por dos factores paralelos: a) la debilidad efectiva de esos grupos que, sin la protección de las altas esferas gubernamentales del sexenio anterior mostraban sus dimensiones reales; y b) su carácter dependiente de los grupos tradicionales dedicados al tráfico de drogas, una vez que los mecanismos de aprovisionamiento original –posiblemente facilitados por los propios grupos de seguridad el Estado– se colapsaron al término del sexenio 1988-1994. Esto último se tradujo de facto en circunstancias donde, de un modo u otro, las organizaciones sinaloenses se encontraban en condiciones de tomar control del tráfico de drogas en el noreste del país. En consecuencia, la escasa violencia en esta transición se debía a que varios de los grupos locales comenzaban a operar como extensión de las poderosas organizaciones de Sinaloa.
No es sino hasta 1998 que una nueva figura comienza a cobrar notoriedad en el medio del tráfico de drogas tamaulipeco. En agosto de ese año, la prensa nacional informa de la fuga de dos traficantes de una casa de seguridad de la Procuraduría General de la República. Se trata de Ángel Salvador Gómez El Chava y su principal colaborador, Osiel Cárdenas Guillén.
A partir de entonces, la figura de Osiel Cárdenas comienza a cobrar notoria fuerza en la estructura local del tráfico de drogas, enmarcada en un contexto de creciente violencia; es precisamente él quien atrajo nuevamente la atención pública hacia el estado de Tamaulipas, dado el repunte del negocio del tráfico de drogas ilícitas en la región, pero sobre todo, por el agudo incremento en la violencia, derivado de la pretensión hegemónica de la célula por él comandada, y la confrontación a que condujo respecto a otros grupos locales aliados con organizaciones sinaloenses.
Osiel Cárdenas articuló su propia organización sin contar con los niveles de protección que recibió su antecesor, Juan García Ábrego, por parte de diversas instituciones de seguridad federales. Aparentemente y de acuerdo con la cronología de hechos, el propio Cárdenas debió tener –si acaso– un trato tangencial con las altas jerarquías de la organización de García Ábrego.
Se puede así apreciar una diferencia implícita en la lógica de operación entre la organización de García Ábrego y la de Osiel Cárdenas, así como en el distinto grado de propensión a la violencia que una y otra han mostrado. El primero, no tuvo que ejercer una violencia de proporciones mayores para erradicar a sus competidores: funcionarios corruptos de los cuerpos de seguridad se encargaron previa o paralelamente de hacerlo, así como de garantizar la pretensión hegemónica de las organizaciones escogidas de traficantes nacionales, respecto a sus homólogos colombianos, en el trasiego de drogas por suelo nacional. El segundo, no contó con una protección de estos alcances, hecho que implicó que el surgimiento y consolidación de su grupo, como organización importante de traficantes de drogas, tuviera lugar a sangre y fuego, primero, respecto a otros grupos contendientes –de manera muy limitada, células tamaulipecas remanentes de la organización de García Ábrego, pero sobre todo, otras asociadas a los traficantes de Sinaloa–, y desde luego, hacia funcionarios del Estado, que por razón de su propia responsabilidad pública, o con otro tipo de intereses, le han hecho frente.
Es esta misma diferencia la que determina que, en el caso de García Ábrego, la desarticulación de la organización haya sido relativamente tersa, e incluso, que la detención de su figura representativa –el propio García Ábrego– no se haya visto aparejada de mayores confrontaciones con el Estado, ni tampoco entre sus lugartenientes que aún se mantenían en libertad. En contraste, Osiel Cárdenas contrató incluso a desertores del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, para emplearles como grupo de choque en una oleada de violencia que ha trascendido las fronteras de Tamaulipas, y se ha hecho presente en diversas regiones del país, incluso en el propio penal de máxima seguridad de La Palma, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde Cárdenas Guillén se encontraba recluido, desde el 15 de marzo de 2003, y hasta su extradición, a principios de 2007.
Estos hechos evidencian una mecánica de operación de organizaciones delictivas que crecieron sin la tutela implícita, de alto nivel federal, de miembros del Estado, y que ya no parecen dispuestas a limitarse a un carácter subordinado sin mayores sobresaltos. Esta nueva perspectiva permite explicar el incremento notable de violencia en la región noreste del país y otras zonas a las cuales se ha extendido la confrontación entre los grupos delictivos y entre éstos y el Estado, sea por fines legales o inconfesables.
El estudio sociopolítico-histórico del tráfico de drogas en México, especialmente en su relación con las estructuras de poder, ha sido generalmente poco abordado. Por ello el interés académico del ciesas por afrontar y comprender los grandes desafíos y problemas nacionales, se ha traducido en su disposición por apoyar esta línea de investigación. Resulta vital que la academia mexicana aborde de manera sistemática, más allá de opiniones en medios de comunicación, el estudio sobre un fenómeno que está afectando profundamente el entramado institucional y la convivencia social de amplias regiones del país.
La vocación del ciesas de respaldar investigaciones rigurosas con compromiso social abre espacios promisorios para el desarrollo de esta investigación. La colaboración con otras instancias académicas, como la Cátedra unesco Transformaciones Económicas y Sociales Relacionadas con el Problema Internacional de las Drogas, que coordina el Dr. Luis Astorga, investigador de la unam, a la que ya pertenece el autor de este texto, así como la Red de Especialistas en Seguridad Pública, que preside la Dra. Elena Azaola (ciesas-df), favorecerán el intercambio productivo de ideas y debates sobre este y otros temas afines, que sin lugar a dudas, pueden ser también de interés de estudiantes e investigadores del ciesas y otras instituciones académicas
Las condiciones del Estado y del régimen político influyen directamente en la manera de articular las relaciones de contubernio entre funcionarios y delincuentes y, por tanto, han afectado también la lógica de operación de los propios grupos delictivos.Las características específicas con que ha evolucionado esta relación han favorecido el recrudecimiento de la violencia derivada de las actividades de la delincuencia organizada, con claros efectos negativos para el desarrollo político del país. La viabilidad de la gobernabilidad democrática y las expectativas de consolidar varios aspectos básicos de un régimen democrático liberal en México, como el Estado de derecho, la distinción entre intereses públicos y privados y el control soberano del Estado nacional sobre su territorio, requieren tener en cuenta las implicaciones que hacia ellos ejerce el fenómeno asociado al crimen organizado y su contubernio con funcionarios públicos formalmente encargados de combatirle.
A lo largo del periodo en que el régimen posrevolucionario tuvo la capacidad de controlar a la mayor parte de los actores políticos y sociales, el tipo de vinculación corrupta entre funcionarios públicos y delincuentes siguió un patrón centralizado-descendente-incremental. Esto, en términos generales, implicaba que los delincuentes estaban, como actores sociales, subordinados a la extorsión y los designios de las fuerzas de seguridad, que aparecían como factor preponderante de la relación, al ser capaces de establecer las líneas generales de la actividad delictiva.
La modificación en las condiciones de operación del régimen, hacia finales de los años noventa, ha favorecido que estas relaciones corruptas observen también una transición, hacia un esquema atomizado-multidireccionado-incremental, donde las condiciones de patronazgo en el vínculo de contubernio son más fluidas y sujetas a fluctuaciones, según la capacidad de los dos actores interesados, para prevalecer en ellas. En estas condiciones de mayor incertidumbre la violencia derivada del tráfico de drogas alcanza proporciones inusitadas, pues se carece de reglas y acuerdos perdurables, que den un mínimo de certeza a la lógica de operación de las actividades clandestinas e ilegales. En estas circunstancias se aprecia también una menor disposición de los delincuentes convencionales a aparecer como elemento subordinado en su relación corrupta con los funcionarios, lo que a su vez determina la posible existencia de una mayor propensión, por parte de diversas organizaciones de crimen organizado, a repeler violentamente los intentos de extorsión –ya no se diga de aplicación de la ley–, por parte de las fuerzas del Estado.
En la actualidad, esta violencia está repercutiendo negativamente en la vigencia presencial y funcional del Estado, en la gobernabilidad democrática y en las condiciones en que se pretende alcanzar la consolidación de un régimen democrático en México, según se ha demostrado en un trabajo previo del autor.
El cambio en la forma de articular este vínculo y sus repercusiones en el incremento de la violencia pueden ser comprobadas al analizar un caso especialmente paradigmático, que permite apreciar la influencia de las modificaciones en el tipo de relación de contubernio entre funcionarios y criminales en el comportamiento de estos últimos: el origen y la evolución del tráfico de drogas en el estado de Tamaulipas.
A principios de los noventa, la región noreste del país –una zona con escaso historial en materia de tráfico de drogas– comenzaba a dar muestras de una creciente participación en este negocio ilícito. En México esta actividad ilegal se había asentado históricamente en estados ubicados al oeste: la siembra de cultivos ilícitos había tenido lugar en entidades federativas como Sinaloa, Chihuahua, Durango, Michoacán y Guerrero. Adicionalmente, las rutas comerciales y de operación de las organizaciones delictivas se extendían también a Baja California Norte, Sonora, Jalisco y Colima. La producción y el transporte de sustancias ilegales en estas regiones se encuentran ampliamente documentados en la prensa nacional y local, por lo menos desde los años treinta.
El repentino auge de este tipo de actividad delictiva y de poderosas organizaciones dedicadas al tráfico de drogas ilegales en Tamaulipas, aparece como producto directo de decisiones y acciones de grupos corruptos que han tenido una importante presencia en las estructuras de poder federal y local. Han sido funcionarios públicos de ambos ámbitos quienes en su momento favorecieron la consolidación de lo que mediáticamente ha sido denominado como el cártel del Golfo, y de manera variable –por el cambio de condiciones políticas que ha presentado el país de 1994 a 2006– han brindado protección a los delincuentes que integran a dicha organización, en el desarrollo de sus negocios ilegales.
La génesis y evolución de la organización de traficantes de drogas del Golfo constituye un caso especialmente ilustrativo de la modificación de los esquemas de vinculación corrupta entre funcionarios públicos y el crimen organizado, que gradualmente se ha desarrollado durante los últimos doce años, como se comentó anteriormente. En la etapa de origen, se trata de una organización subordinada a intereses de grupos políticos federales y locales. Distintos trabajos periodísticos han señalado ya la participación activa de funcionarios públicos en el desarrollo de esta organización delictiva. Versiones públicas, corroboradas por fuentes confidenciales propias, señalan que a finales de los ochenta, la estrategia del nuevo grupo en el poder, para fortalecer a la organización creada en Tamaulipas, fue la de debilitar a sus competidores: las organizaciones delictivas asentadas en la región noroccidental del país. En pocos meses fueron detenidas o abatidas figuras como Miguel Ángel Félix Gallardo y Pablo Acosta Villarreal.
Estas fuentes consultadas por el autor, que desempeñaron altos cargos en la Procuraduría General de la República, confirman esta perspectiva. De acuerdo con sus testimonios, a finales de los años ochenta tuvo lugar en México una rearticulación del negocio ilícito del tráfico de drogas, auspiciada directamente desde la cúpula del poder político. Se restó poder a las organizaciones delictivas que tradicionalmente se habían encargado de esta actividad –bajo la protección de figuras políticas de importancia en periodos previos–, que estaban esencialmente asentadas en el occidente del país. Como contraparte, se favoreció el fortalecimiento de otras organizaciones criminales, con nuevos liderazgos que, de acuerdo con tales testimonios, contaban con el apoyo de los políticos que recién habían arribado grupos al poder. La rearticulación del negocio ilícito tuvo lugar a partir del descabezamiento de las organizaciones preexistentes, a fin de disciplinar a las distintas estructuras delictivas y obligarlas a aceptar los lineamientos impuestos por el nuevo grupo dominante.
Hasta finales de los ochenta, y a pesar de ser un estado fronterizo, Tamaulipas –base fundamental de operaciones de la denominada organización del Golfo– no había tenido una importancia sustantiva en la estructura nacional del comercio de drogas ilegales. El surgimiento de la organización del Golfo se debió a un proceso esencialmente artificial, donde se fortaleció un grupo delictivo que determinó su crecimiento y poderío a partir de la protección de funcionarios del Estado.
La organización del Golfo tiene antecedentes directos en las estructuras delictivas dedicadas al contrabando, asentadas en Tamaulipas. Pero si Tamaulipas no era un estado productor de marihuana o amapola, ¿cuál era la fuente de abastecimiento original de su organización, que entonces se iniciaba en el comercio de drogas ilegales? Como se ha visto, estas drogas se producían –y de hecho aún se producen– generalmente en estados ubicados en el costado occidental del país.
En la segunda mitad de los ochenta, la organización ya comandada por García Ábrego evidencia un crecimiento vertiginoso. De acuerdo con dos fuentes distintas, la organización comienza a traficar con cocaína en 1986. Pero aquí surgen nuevamente dificultades logísticas que dejan cabos sueltos: si el tráfico de marihuana hacia Estados Unidos, vía Tamaulipas, era marginal, el de cocaína lo era aún más. En 1986, García Ábrego habría entrado en negociación con la organización colombiana de Cali. Sin embargo, si no se establece una investigación sistemática, se pasa por alto un factor imprescindible para este salto cualitativo y, en su momento, cuantitativo: ¿cuál fue el mecanismo de intermediación entre una de las más grandes organizaciones sudamericanas dedicadas al tráfico de drogas y una –hasta entonces– incipiente agrupación delictiva mexicana, relativamente nueva y comparativamente marginal, respecto a los grupos de traficantes existentes en la región noroccidental del país?
Diversas fuentes públicas y confidentes propios señalan que, en este caso, el crecimiento en proporción geométrica de esta organización, a finales de los ochenta y durante la primera mitad de los noventa, se debió justamente a los apoyos logísticos y a la protección brindadas por funcionarios públicos insertos en esferas de alta trascendencia del aparato institucional del Estado.
Esta situación cambió radicalmente después del sexenio 1988-1994, especialmente a partir de 1996, con la captura de Juan García Ábrego. Tras la detención del capo, la organización entró en franca etapa de crisis, dado que muchas de sus figuras principales se encontraban también en prisión: significativamente, este hecho no causó una respuesta particularmente violenta por parte de su organización, pues ya se encontraba notablemente debilitada, tras concluir el mencionado sexenio.
Al menos durante dos años, diversas figuras, pertenecientes a los residuos de la organización, se sucedieron con pretensiones de mantener el tráfico a través de la plaza. De 1996 a 1998 hubo un continuo flujo de liderazgos, algunos de ellos construidos fundamentalmente por las percepciones de los medios de comunicación, pues en todo caso algunos aparecían ya dependientes de la organización de Amado Carrillo Fuentes, mientras que otros surgían y desaparecían como presuntas cabezas de las organizaciones, de acuerdo con la perspectiva del reportero en turno.
Durante esos años resalta la ausencia de indicios de una amplia confrontación violenta entre los grupos locales por hacerse del control de la plaza, hecho que se explica, a juicio del autor, por dos factores paralelos: a) la debilidad efectiva de esos grupos que, sin la protección de las altas esferas gubernamentales del sexenio anterior mostraban sus dimensiones reales; y b) su carácter dependiente de los grupos tradicionales dedicados al tráfico de drogas, una vez que los mecanismos de aprovisionamiento original –posiblemente facilitados por los propios grupos de seguridad el Estado– se colapsaron al término del sexenio 1988-1994. Esto último se tradujo de facto en circunstancias donde, de un modo u otro, las organizaciones sinaloenses se encontraban en condiciones de tomar control del tráfico de drogas en el noreste del país. En consecuencia, la escasa violencia en esta transición se debía a que varios de los grupos locales comenzaban a operar como extensión de las poderosas organizaciones de Sinaloa.
No es sino hasta 1998 que una nueva figura comienza a cobrar notoriedad en el medio del tráfico de drogas tamaulipeco. En agosto de ese año, la prensa nacional informa de la fuga de dos traficantes de una casa de seguridad de la Procuraduría General de la República. Se trata de Ángel Salvador Gómez El Chava y su principal colaborador, Osiel Cárdenas Guillén.
A partir de entonces, la figura de Osiel Cárdenas comienza a cobrar notoria fuerza en la estructura local del tráfico de drogas, enmarcada en un contexto de creciente violencia; es precisamente él quien atrajo nuevamente la atención pública hacia el estado de Tamaulipas, dado el repunte del negocio del tráfico de drogas ilícitas en la región, pero sobre todo, por el agudo incremento en la violencia, derivado de la pretensión hegemónica de la célula por él comandada, y la confrontación a que condujo respecto a otros grupos locales aliados con organizaciones sinaloenses.
Osiel Cárdenas articuló su propia organización sin contar con los niveles de protección que recibió su antecesor, Juan García Ábrego, por parte de diversas instituciones de seguridad federales. Aparentemente y de acuerdo con la cronología de hechos, el propio Cárdenas debió tener –si acaso– un trato tangencial con las altas jerarquías de la organización de García Ábrego.
Se puede así apreciar una diferencia implícita en la lógica de operación entre la organización de García Ábrego y la de Osiel Cárdenas, así como en el distinto grado de propensión a la violencia que una y otra han mostrado. El primero, no tuvo que ejercer una violencia de proporciones mayores para erradicar a sus competidores: funcionarios corruptos de los cuerpos de seguridad se encargaron previa o paralelamente de hacerlo, así como de garantizar la pretensión hegemónica de las organizaciones escogidas de traficantes nacionales, respecto a sus homólogos colombianos, en el trasiego de drogas por suelo nacional. El segundo, no contó con una protección de estos alcances, hecho que implicó que el surgimiento y consolidación de su grupo, como organización importante de traficantes de drogas, tuviera lugar a sangre y fuego, primero, respecto a otros grupos contendientes –de manera muy limitada, células tamaulipecas remanentes de la organización de García Ábrego, pero sobre todo, otras asociadas a los traficantes de Sinaloa–, y desde luego, hacia funcionarios del Estado, que por razón de su propia responsabilidad pública, o con otro tipo de intereses, le han hecho frente.
Es esta misma diferencia la que determina que, en el caso de García Ábrego, la desarticulación de la organización haya sido relativamente tersa, e incluso, que la detención de su figura representativa –el propio García Ábrego– no se haya visto aparejada de mayores confrontaciones con el Estado, ni tampoco entre sus lugartenientes que aún se mantenían en libertad. En contraste, Osiel Cárdenas contrató incluso a desertores del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, para emplearles como grupo de choque en una oleada de violencia que ha trascendido las fronteras de Tamaulipas, y se ha hecho presente en diversas regiones del país, incluso en el propio penal de máxima seguridad de La Palma, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde Cárdenas Guillén se encontraba recluido, desde el 15 de marzo de 2003, y hasta su extradición, a principios de 2007.
Estos hechos evidencian una mecánica de operación de organizaciones delictivas que crecieron sin la tutela implícita, de alto nivel federal, de miembros del Estado, y que ya no parecen dispuestas a limitarse a un carácter subordinado sin mayores sobresaltos. Esta nueva perspectiva permite explicar el incremento notable de violencia en la región noreste del país y otras zonas a las cuales se ha extendido la confrontación entre los grupos delictivos y entre éstos y el Estado, sea por fines legales o inconfesables.
El estudio sociopolítico-histórico del tráfico de drogas en México, especialmente en su relación con las estructuras de poder, ha sido generalmente poco abordado. Por ello el interés académico del ciesas por afrontar y comprender los grandes desafíos y problemas nacionales, se ha traducido en su disposición por apoyar esta línea de investigación. Resulta vital que la academia mexicana aborde de manera sistemática, más allá de opiniones en medios de comunicación, el estudio sobre un fenómeno que está afectando profundamente el entramado institucional y la convivencia social de amplias regiones del país.
La vocación del ciesas de respaldar investigaciones rigurosas con compromiso social abre espacios promisorios para el desarrollo de esta investigación. La colaboración con otras instancias académicas, como la Cátedra unesco Transformaciones Económicas y Sociales Relacionadas con el Problema Internacional de las Drogas, que coordina el Dr. Luis Astorga, investigador de la unam, a la que ya pertenece el autor de este texto, así como la Red de Especialistas en Seguridad Pública, que preside la Dra. Elena Azaola (ciesas-df), favorecerán el intercambio productivo de ideas y debates sobre este y otros temas afines, que sin lugar a dudas, pueden ser también de interés de estudiantes e investigadores del ciesas y otras instituciones académicasDr. Carlos Antonio Flores Pérez
Investigador del CIESAS-DF
carlos720524@yahoo.com
El Dr. Flores Pérez realizó el Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Autónoma de México. Es uno de los investigadores de reciente ingreso al CIESAS.
Investigador del CIESAS-DF
carlos720524@yahoo.com
El Dr. Flores Pérez realizó el Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Autónoma de México. Es uno de los investigadores de reciente ingreso al CIESAS.
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