El agua es un elemento que convoca al análisis por una multiplicidad de razones. A su carácter vital se suma el complejo entramado de prácticas, condiciones biofísicas, recursos tecnológicos y andamiajes institucionales y organizativos que conlleva su uso. El proyecto Conflictos por el agua en La Laguna y la institucionalización de los derechos de agua en México, 1888-1936, desarrollado en el Programa Noreste del CIESAS con apoyo del Conacyt, a través del programa de retención, se propuso hacer una investigación histórica sobre los causes institucionales que encontraron los usuarios del agua del Nazas para resolver las controversias en torno al recurso. La investigación se situó en un periodo particularmente significativo para la historia local y nacional. Por una parte, durante este lapso la región de La Laguna consolidó su articulación alrededor de la producción agrícola basada en el riego con aguas del Nazas. Tratándose de una región donde la disponibilidad natural del recurso responde a un contexto predominantemente desértico y donde la producción algodonera alcanzó los primeros sitios a nivel nacional situándose como una fuente importante de divisas, los derechos de agua se transformaron en un activo ampliamente disputado por los agricultores, dando a los conflictos una complejidad particular. Por otra parte, el país experimentó el colapso del antiguo régimen y la creación de un Estado emanado de vías no institucionales pero legitimado por el amplio movimiento social de la segunda y tercera década del siglo XX. El proceso institucional que acompañó este tránsito tuvo repercusiones directas sobre los derechos de agua pues aún dentro de la propia estructura porfirista y alimentada por la “cuestión del Nazas”, se formuló la primera legislación hidráulica, que definió al agua como un bien de dominio público y que habría de tener un hilo de continuidad en lo asentado en la Constitución de 1917, cuando los derechos al agua se definieron sobre la base de un esquema de democracia republicana que encontró en la noción de ciudadanía ligada al territorio uno de los principios emblemáticos.
A partir de los alegatos, testimoniales, sentencias y expedientes generados por autoridades de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes de la unión que intervinieron en la problemática del Nazas a finales del siglo XIX y primera década del XX, localizados fundamentalmente en el archivo municipal de Torreón y en la Suprema Corte de Justicia, la investigación fue reconstruyendo los argumentos jurídicos y mecanismos burocráticos que siguieron las demandas interpuestas por los usuarios del Nazas. Hasta entonces, los conflictos por el agua eran resueltos comúnmente de manera casuística con base en legislaciones parciales y en usos y costumbres heredados de la legislación colonial. Los problemas por el Nazas dieron lugar a una amplia discusión jurídica que entre los aspectos más relevantes, se centró en disociar el principio patrimonialista del rey bajo el cual se regían las relaciones de propiedad durante la Colonia, del concepto impersonal que ahora debía atribuirse a la potestad pública. Esta jurisprudencia dio fundamento a la primera ley de aguas producida durante la República, denominada Ley de Aguas de Jurisdicción Nacional (1910), con la que la administración porfiriana planteó la regulación estatal del agua como un acto de soberanía del Estado, principio con el que la Suprema Corte de Justicia hizo frente a las demandas judiciales interpuestas por intereses empresariales tan importantes como la Compañía de Tlahualilo, usuaria principal de las aguas del Nazas y cuyas apelaciones al derecho privado fueron respondidas de manera contundente con base en argumentos que señalaban al Estado republicano como expresión del interés común.
La Revolución de 1910 modificó los escenarios de la conflictividad por el agua en La Laguna. La configuración del movimiento agrarista amplió el espectro de reivindicaciones en torno al agua bajo las prerrogativas asentadas ahora en la Constitución de 1917, donde el dominio público del recurso no solo apareció como un acto soberano, sino como la expresión de un derecho ciudadano bajo el principio de la propiedad nacional de los recursos del territorio. A partir de este momento, las demandas por el agua y la tierra de un actor social emergente, como fue el ejidal, fueron expresión de un proceso social más amplio cuyas reivindicaciones acabaron por convertirse en uno de los principales ejes del nuevo Estado revolucionario. Las demandas transcurrieron entonces por los avatares de un andamiaje legal y operativo en construcción, sujeto a los diversos proyectos políticos de quienes accedieron al poder. La ambigüedad, contradicción o franca ilegalidad, fueron el rasgo distintivo de los primeros años de aplicación del decreto constitucional. En 1936, cuando el proyecto agrario se consolidó como política articuladora respecto del campo mexicano, se produjo el reparto de tierras en La Laguna, el cual implicó una masiva redistribución de derechos de agua del Nazas. Los expedientes sobre el reparto de aguas localizados en el Archivo Histórico del Agua dan cuenta de los pormenores de este proceso, refieren las resistencias de los dueños de las haciendas afectados por el programa agrario pero también de las generosas negociaciones que se produjeron, documentando así como el conflicto y la negociación fueron mecanismos instrumentales del régimen.
Resultados de investigación se presentaron en distintos foros, entre ellos, el X Congreso Bienal de la Asociación Internacional para el estudio de la Propiedad Colectiva; XI Reunión de Historiadores Mexicanos, Estadounidenses y Canadienses; y los congresos bianuales de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, así como en diversos seminarios organizados por el CIESAS, entre otros. Asimismo se difundieron avances en publicaciones arbitradas y de divulgación que culminan en la obra titulada El Río Nazas y los derechos de agua en México, publicada por el CIESAS, en la Colección Biblioteca del Agua, y coeditada con el Archivo Histórico del Agua y la Universidad Autónoma de Coahuila, de próxima circulación.
Paralelamente a la investigación, el proyecto concretó experiencias de vinculación académica con la Coordinación General de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Universidad Juárez del Estado de Durango e Instituto Tecnológico de Torreón, entre otras instituciones, las cuales fructificaron en dos encuentros regionales teniendo como tema El agua en zonas áridas (1999) y El agua de las ciudades en el norte de México (2002), los cuales constituyeron el antecedente de una alianza estratégica que se concretaría en el año 2006 con investigadores de la Universidad Autónoma de Coahuila, específicamente, con el cuerpo académico “Política y Sociedad” de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que desarrolla el proyecto “Gestión Pública del Desarrollo Humano y Sustentable en México”.
Uno de los resultados más alentadores de esta alianza fue la celebración del Diplomado Medio Ambiente y Sociedad, de septiembre a diciembre de 2006, el cual tuvo lugar en las instalaciones de la Infoteca de la Unidad Torreón de la Universidad Autónoma de Coahuila con una asistencia de 51 alumnos. El Diplomado reunió a un grupo interdisciplinario conformado por estudiantes de licenciatura y posgrado de universidades locales, así como profesores e investigadores de estas mismas instituciones académicas. La mayoría de participantes provino de las áreas vinculadas con la ingeniera, pero encontró un enriquecedor equilibrio con el grupo que provino de especialidades como economía, sociología y trabajo social, entre otras. Tratándose de una región con un gran déficit de especialistas en las áreas de ciencias sociales, el Diplomado probó el manifiesto interés que existe en la región por programas de especialización que tengan como eje articulador el enfoque social en la problemática medioambiental.
Sin duda, el agua en la región de La Laguna es, ha sido y será un recurso tan vigente en la preocupación de las instancias de gobierno, como en sus habitantes y estudiosos de las más diversas disciplinas. La investigación que se ha desarrollado ha tenido el propósito de hacer un seguimiento histórico a las tensiones generadas por este recurso y al ejercicio de los derechos al agua que han regulado su acceso, y que ahora no sólo tienen que ver con la concreción derechos sino con las implicaciones que ésta tiene en la conservación del recurso, problemas, ambos que requieren de múltiples miradas y acciones concomitantes.
Dra. Lourdes Romero Navarrete
Investigadora del CIESAS-Programa Noreste
lunavarrete@yahoo.com.mx
A partir de los alegatos, testimoniales, sentencias y expedientes generados por autoridades de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes de la unión que intervinieron en la problemática del Nazas a finales del siglo XIX y primera década del XX, localizados fundamentalmente en el archivo municipal de Torreón y en la Suprema Corte de Justicia, la investigación fue reconstruyendo los argumentos jurídicos y mecanismos burocráticos que siguieron las demandas interpuestas por los usuarios del Nazas. Hasta entonces, los conflictos por el agua eran resueltos comúnmente de manera casuística con base en legislaciones parciales y en usos y costumbres heredados de la legislación colonial. Los problemas por el Nazas dieron lugar a una amplia discusión jurídica que entre los aspectos más relevantes, se centró en disociar el principio patrimonialista del rey bajo el cual se regían las relaciones de propiedad durante la Colonia, del concepto impersonal que ahora debía atribuirse a la potestad pública. Esta jurisprudencia dio fundamento a la primera ley de aguas producida durante la República, denominada Ley de Aguas de Jurisdicción Nacional (1910), con la que la administración porfiriana planteó la regulación estatal del agua como un acto de soberanía del Estado, principio con el que la Suprema Corte de Justicia hizo frente a las demandas judiciales interpuestas por intereses empresariales tan importantes como la Compañía de Tlahualilo, usuaria principal de las aguas del Nazas y cuyas apelaciones al derecho privado fueron respondidas de manera contundente con base en argumentos que señalaban al Estado republicano como expresión del interés común.
La Revolución de 1910 modificó los escenarios de la conflictividad por el agua en La Laguna. La configuración del movimiento agrarista amplió el espectro de reivindicaciones en torno al agua bajo las prerrogativas asentadas ahora en la Constitución de 1917, donde el dominio público del recurso no solo apareció como un acto soberano, sino como la expresión de un derecho ciudadano bajo el principio de la propiedad nacional de los recursos del territorio. A partir de este momento, las demandas por el agua y la tierra de un actor social emergente, como fue el ejidal, fueron expresión de un proceso social más amplio cuyas reivindicaciones acabaron por convertirse en uno de los principales ejes del nuevo Estado revolucionario. Las demandas transcurrieron entonces por los avatares de un andamiaje legal y operativo en construcción, sujeto a los diversos proyectos políticos de quienes accedieron al poder. La ambigüedad, contradicción o franca ilegalidad, fueron el rasgo distintivo de los primeros años de aplicación del decreto constitucional. En 1936, cuando el proyecto agrario se consolidó como política articuladora respecto del campo mexicano, se produjo el reparto de tierras en La Laguna, el cual implicó una masiva redistribución de derechos de agua del Nazas. Los expedientes sobre el reparto de aguas localizados en el Archivo Histórico del Agua dan cuenta de los pormenores de este proceso, refieren las resistencias de los dueños de las haciendas afectados por el programa agrario pero también de las generosas negociaciones que se produjeron, documentando así como el conflicto y la negociación fueron mecanismos instrumentales del régimen.
Resultados de investigación se presentaron en distintos foros, entre ellos, el X Congreso Bienal de la Asociación Internacional para el estudio de la Propiedad Colectiva; XI Reunión de Historiadores Mexicanos, Estadounidenses y Canadienses; y los congresos bianuales de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, así como en diversos seminarios organizados por el CIESAS, entre otros. Asimismo se difundieron avances en publicaciones arbitradas y de divulgación que culminan en la obra titulada El Río Nazas y los derechos de agua en México, publicada por el CIESAS, en la Colección Biblioteca del Agua, y coeditada con el Archivo Histórico del Agua y la Universidad Autónoma de Coahuila, de próxima circulación.
Paralelamente a la investigación, el proyecto concretó experiencias de vinculación académica con la Coordinación General de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Universidad Juárez del Estado de Durango e Instituto Tecnológico de Torreón, entre otras instituciones, las cuales fructificaron en dos encuentros regionales teniendo como tema El agua en zonas áridas (1999) y El agua de las ciudades en el norte de México (2002), los cuales constituyeron el antecedente de una alianza estratégica que se concretaría en el año 2006 con investigadores de la Universidad Autónoma de Coahuila, específicamente, con el cuerpo académico “Política y Sociedad” de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que desarrolla el proyecto “Gestión Pública del Desarrollo Humano y Sustentable en México”.
Uno de los resultados más alentadores de esta alianza fue la celebración del Diplomado Medio Ambiente y Sociedad, de septiembre a diciembre de 2006, el cual tuvo lugar en las instalaciones de la Infoteca de la Unidad Torreón de la Universidad Autónoma de Coahuila con una asistencia de 51 alumnos. El Diplomado reunió a un grupo interdisciplinario conformado por estudiantes de licenciatura y posgrado de universidades locales, así como profesores e investigadores de estas mismas instituciones académicas. La mayoría de participantes provino de las áreas vinculadas con la ingeniera, pero encontró un enriquecedor equilibrio con el grupo que provino de especialidades como economía, sociología y trabajo social, entre otras. Tratándose de una región con un gran déficit de especialistas en las áreas de ciencias sociales, el Diplomado probó el manifiesto interés que existe en la región por programas de especialización que tengan como eje articulador el enfoque social en la problemática medioambiental.
Sin duda, el agua en la región de La Laguna es, ha sido y será un recurso tan vigente en la preocupación de las instancias de gobierno, como en sus habitantes y estudiosos de las más diversas disciplinas. La investigación que se ha desarrollado ha tenido el propósito de hacer un seguimiento histórico a las tensiones generadas por este recurso y al ejercicio de los derechos al agua que han regulado su acceso, y que ahora no sólo tienen que ver con la concreción derechos sino con las implicaciones que ésta tiene en la conservación del recurso, problemas, ambos que requieren de múltiples miradas y acciones concomitantes.
Dra. Lourdes Romero Navarrete
Investigadora del CIESAS-Programa Noreste
lunavarrete@yahoo.com.mx
No hay comentarios.:
Publicar un comentario