Para las políticas públicas y de modernidad, ligadas a una visión del progreso, que se llevaron a cabo en las últimas décadas del siglo XX y los primeros años del siglo XXI las represas hidroeléctricas tienen un rol importante en el desarrollo de las cuencas hídricas, particularmente porque son “faros” del desarrollo económico y del progreso científico modernos por la producción eléctrica y otros usos; sin embargo, dichas represas podrían impedir el desarrollo sustentable si sus impactos ambientales y sociales no son considerados y controlados antes del inicio, durante, al final y después del desenvolvimiento de los proyectos hidroeléctricos.
Debido a la construcción de las represas o presas se fragmentan los ecosistemas fluviales, aislando a las comunidades bióticas de las cuencas altas de las que habitan en las zonas medias y bajas, se interrumpen las migraciones y los movimientos de las especies y se separa al río de sus planicies y litorales; en términos sociales se crean expectativas, que en ocasiones no se cumplen, y se ocasionan conflictos internos en las localidades, acentuando los malestares sociales existentes en las regiones donde se ubican dichos proyectos. Estos efectos los debemos tomar en consideración y evaluarlos en toda su cabalidad, analizando los impactos previos, así como a corto, mediano y largo plazo de un desarrollo en curso, porque es siempre más fácil y más barato prevenir la degradación ambiental que tratar de repararla, así como crear nuevas formas y modelos de desarrollo horizontales que superen los establecidos desde hace décadas, traducidos en expropiar e indemnizar. En el aspecto social, pueden existir rezagos sociales e históricos que se convierten en banderas de lucha por parte de los habitantes, así como factores externos que sirven de detonantes en un espacio social que contenga serias carencias hidrológicas, orográficas, culturales y económicas, así como de representatividad política. Estos aspectos pueden intervenir de manera directa en la aprobación o no, por parte de los habitantes, de un proyecto de desarrollo, lo que en muchos casos lleva a enfrentamientos con las agencias federales que promueven este tipo de proyectos y a una resistencia civil que aglutina variados niveles de quejas y malestar.
En la planeación de un proyecto de desarrollo hidroeléctrico puede determinarse si se van a repavimentar, ampliar o abrir caminos, hacer túneles, tirar casas, modificar el ecosistema, cómo indemnizar a los habitantes, etc., aun cuando básicamente se esté considerando la construcción de la presa y no forzosamente todos los aspectos colaterales, que en muchos casos pueden impactar más que las obras en sí. Ésta puede ser la perspectiva técnica porque son cosas que se pueden observar y medir. Sin embargo, es importante definir las áreas de involucramiento de acuerdo con lo que los habitantes piensan y perciben que son los problemas y luego negociar soluciones que sean adecuadas (en ambos casos, no desde la perspectiva del promotor y ejecutor del proyecto). Es necesario y primordial definir las áreas de involucramiento no solamente en términos técnicos sino sociales –que en varios casos no coincidirán–, lo que se puede elaborar y ejecutar por medio de un cruce de intereses y no solamente con una especie de prevención y monitoreo social paliativo; es decir, a través de diagnósticos y evaluaciones sociales que permitirán concretar muchas de las expectativas que pueden llegar a tener los habitantes de una zona en que se llevará a cabo un proyecto de desarrollo. La perspectiva no debe de ser solamente técnica en el sentido de que se puede lograr a través de la observación y medición, sino que tiene que establecerse mediante el análisis de los significados y los valores que los posibles involucrados atribuyan a los distintos elementos de su vida cotidiana, es decir, es más bien una forma negociada de establecer las necesidades, los requerimientos y las formas de mitigación. Sin duda, lo más inmediato y quizá lo que se observa de manera más tangible es la solicitud de mejoramiento de caminos, luz, agua, escuelas y clínicas; pero esto solamente reflejaría lo inmediato más no lo mediato y a largo plazo, sobre todo cuando en algunos casos las escuelas no cuentan con maestros o las clínicas con médicos. Aquí debemos de considerar que aun cuando un proyecto y sus ejecutores tengan una visión homogénea del proceso, así como de sus diversas etapas, para los pobladores el impacto es diferenciado, ya que cada una de las localidades, así como sus individuos, lo perciben de manera diferente y con diversos grados de intensidad, lo que puede llevar a un choque de visiones y perspectivas, donde una se impondrá de manera avasalladora frente a lo que podría convertirse en una resistencia pasiva o activa de los pobladores.
En el actual sexenio del presidente Felipe Calderón la consolidación y expansión de la infraestructura eléctrica ha motivado una importante inversión en diversos estados de la República. Sin embargo, en este proceso y frente a las políticas internacionales que han impulsado la utilización de los llamados recursos renovables, el gobierno mexicano ha considerado que el agua es un elemento de seguridad nacional, no solamente para su captación en presas, sino para el abastecimiento de ciudades y del campo mexicano, aspecto que ya había resaltado el gobierno de Vicente Fox, junto con la necesidad de organizar los sistemas de cuenca y ordenar a los diversos organismos que se encuentran involucrados en la gestión del recurso hídrico. De esta manera el tema “agua” con sus diversas variantes se ha encontrado en los diversos discursos y políticas de desarrollo, siendo un elemento central en las definiciones estatales de apoyo, inversión y producción tecnológica, así como su consideración, además de la migración, dentro de las líneas estratégicas del Sistema de Centros Públicos de Investigación del Conacyt, al que pertenece el CIESAS.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa federal que genera, transmite, distribuye y comercializa energía eléctrica en México, y con base tanto en lo proyectado por el gobierno federal como en las políticas y planes de desarrollo establecidos desde hace varias décadas, ha armado un sistema de generación y distribución de energía eléctrica basado en plantas que utilizan carbón, agua, petróleo o una combinación de cualquiera de las tres fuentes de energía, así como la construcción de presas que contengan la suficiente agua para la generación de electricidad. Aunque el crecimiento de la capacidad de generación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se ha centrado en la utilización de hidrocarburos, la capacidad adicional requerida se obtendrá de la combinación de las tecnologías de generación disponibles; esto se debe a razones técnicas y ambientales que responden a las políticas ambientalistas, así como a los ordenamientos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, así como a de la Comisión Internacional de Represas.
No debemos olvidar que existe un escenario nacional e internacional que contiene una demanda creciente de agua y energía. El SEN en México ha incorporado de manera decisiva, a partir de 2000 –cuando se modificó el marco jurídico que lo regía– la participación de productores independientes de energía (PIE) a través de dos procesos identificados como: autoabastecimiento y cogeneración, particularmente por medio de la tecnología de ciclo combinado. Así, en tan sólo seis años –de 2000 a 2006– una cuarta parte de la energía generada en México estuvo a cargo de los pie. En el escenario de planeación de la CFE a 2017, uno de los elementos más destacados es el cambio tecnológico. Se ha programado una disminución de la tecnología termoeléctrica convencional, cuya capacidad instalada en 2006 representó 26.4%, a 10.9% en 2017; y, en contraparte, la tecnología de ciclo combinado, en la que destacan los PIE, tendrá un gran dinamismo, pues de la cuarta parte que representó su participación en 2006, pasará a 38.8% en 2017.
En tanto, la hidroelectricidad continuará representado una quinta parte de la capacidad instalada del SEN, en un contexto de crecimiento promedio del sector eléctrico de alrededor de 4% anual, durante los próximos diez años. Esto significa que la construcción de centrales hidroeléctricas y las presas a las que están asociadas en la mayoría de los casos, continuará aumentando. En este sentido, México intentará cumplir con la meta global de generar no menos de 19% de su energía a partir del uso no consuntivo del agua en centrales hidroeléctricas.
De esta manera, la cfe ha considerado la construcción del Sistema de Energía Renovable Moctezuma (SERM), ubicado entre los estados de Hidalgo y Querétaro, el cual aportará al sistema eléctrico nacional una capacidad de 114 gw para obtener una generación hidroeléctrica media anual de 849.4 gw / h, mediante el aprovechamiento complementario de un río ya controlado, como es el caso del Moctezuma.
El río Moctezuma (límite geográfico de los estados de Querétaro e Hidalgo) se forma por la confluencia de los ríos Tula y San Juan, aguas abajo se le une por la margen izquierda el río Extoraz y a la altura de Tamazunchale, San Luis Potosí, confluye el río Amajac por la margen derecha. El río continúa con el nombre de Moctezuma hasta la confluencia con el río Tampaón, tomando el nombre de río Pánuco hasta su desembocadura en el golfo de México. A esto habría que agregarle que ambos lados del río pertenecen a lo que se conoce como la Sierra Gorda, lo que permite considerarlo como un espacio en que sus habitantes comparten ciertos rasgos y relaciones diversas. De esta manera no solamente se toma en cuenta un nivel de regionalización a partir de la subcuenca del Moctezuma (perteneciente a la cuenca del Pánuco-Moctezuma), sino también se considera un sistema orográfico donde se desarrollarán los proyectos con otras características, superando en mucho la sola relación de los habitantes con el río, cuando ésta se da.
La región hidrológica del Pánuco comprende, además de la cuenca del río Pánuco y sus tributarios, la totalidad de la cuenca cerrada del Valle de México. Colinda con cinco regiones hidrológicas: al sureste con la RH 27 Norte de Veracruz, al sur con la RH 18 Balsas, al oeste con la RH 12 Lerma-Santiago, al norte con la RH 37 Salado y, al norte y noreste con la RH 25 San Fernando-Soto La Marina. Al este, en su desembocadura al Golfo de México, el río Pánuco se abre paso a través de un estrecho corredor por el que logra alcanzar el mar, dejando atrás un conglomerado de lagunas que hacen de su desembocadura un ecosistema diverso y particular.
La cuenca del río Pánuco representa 16% de la superficie total de las catorce cuencas fluviales de la vertiente del golfo de México; es la segunda por su extensión, y ligeramente más extensa que la cuenca del Grijalva-Usumacinta (83 533 km2); únicamente superada por la cuenca del río Bravo, que es la mayor, con una extensión equivalente a 42% (226 280 km2) de la extensión total de la vertiente. En cuanto su longitud, el río Bravo es el mayor con 2 018 km, el Grijalva-Usumacinta con 1 521 kilómetros, y el río Pánuco, con sus 510 kilómetros tiene una longitud semejante a una tercera parte de la del Grijalva-Usumacinta, si bien con una extensión equivalente. El mayor contraste entre estos tres sistemas fluviales se manifiesta en el volumen del escurrimiento natural medio superficial, ya que mientras el del sureste tiene que conducir un volumen de 115 536 hm3/año que representa 46% del total del caudal y, con mucho, el mayor de la vertiente del golfo; el Pánuco moviliza 20 330 hm3/año, equivalente a 8%, el cuarto de esta vertiente en cuanto al volumen que desplaza; y al que delimita la frontera norte internacional, corresponde un escurrimiento de 5 588 hm3 / año, equivalente a 2% y séptimo, en cuanto al volumen que desplaza.
La importancia de la cuenca se remonta al periodo colonial cuando en el Valle de México se comenzaron a realizar las obras de desagüe del Huehuetoca; posteriormente se convirtió en el punto de desagüe de las aguas negras de la ciudad de México hacia el golfo de México a la altura del puerto de Tampico; su recorrido fue utilizado para la agricultura, y en la actualidad algunas de las industrias ubicadas en su trayecto vierten algunos de sus desechos en él.
Durante los años coloniales y decimonónicos, sus aguas sirvieron para mantener los cultivos y a los habitantes de sus márgenes, principalmente de la zona del Mezquital en el actual estado de Hidalgo. Frente a la modernización que comenzaba a desarrollarse en el país a fines del siglo xix y a la mejora en la tecnología, la corriente del Moctezuma comenzó a interesar para aspectos que iban más allá de la agricultura. Diversos y variados actores sociales comenzaron a percibir que el volumen de agua que llevaba el río en su cauce, podría ser utilizado para algo más que solamente saciar la sed de las simientes, por lo que a principios del siglo XX, algunos usuarios comenzaron a solicitar a la Secretaría de Fomento una serie de autorizaciones con el fin de obtener derechos para la utilización del líquido para generar electricidad a través de obras hidráulicas, muchas de las cuales no se pudieron concretar; sin embargo, la importancia del río como posible generador de energía eléctrica ha estado presente en los actores sociales del pasado y del presente.
Después de la Revolución de 1910, el río Moctezuma fue declarado por parte del gobierno federal como propiedad de la nación, el 29 de marzo de 1919, con base en lo que se consideraba en el artículo 27 de la Constitución de 1917, en el sentido de que si una corriente servía de límites entre dos entidades federativas, éste pertenecía a la nación, aspecto que se tomaba de una ley porfirista (1888). De esta manera se consideraba al Moctezuma como una corriente perenne que se formaba de la unión de los ríos de San Juan del Río y del Tula, la cual se daba en el lugar llamado “Infiernillo” del Distrito de Zimapán, Hidalgo. El río cambia de nombre por el de Pánuco en Tamuín, San Luis Potosí.
En 1929, Walter E. Packard, manifestó ante la Secretaría de Agricultura y Fomento el deseo de obtener una concesión para aprovechar un volumen anual de cinco mil milloes de metros cúbicos, de las aguas del río Moctezuma para generación de fuerza motriz. En el mismo documento se menciona que se pretendían hacer las obras de derivación de las aguas en los distritos o municipalidades de Zimapán, Tecozautla, La Misión y Pacula del estado de Hidalgo, así como los de Cadereyta y Jalpan del estado de Querétaro. Sin embargo, la concesión no fue autorizada debido a que existía una veda en las corrientes del Moctezuma.
El análisis del potencial hidroeléctrico del río Moctezuma ha requerido de una planeación que incluye estudios técnicos, ambientales y sociales para determinar la factibilidad de los proyectos; en cuanto a lo correspondiente al aspecto social, el ciesas elaboró un diagnóstico social con el fin de poner sobre el tamiz la manera en que las diversas localidades y sus habitantes observan y perciben los proyectos que plantea la cfe, así como las posibles implicaciones y expectativas que se han generado considerando principalmente a los involucrados de una u otra manera. En este proyecto colaboraron investigadores de la Universidad Autónoma de Querétaro (Alberto García Espejel), de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo (Sócrates López), de El Colegio de Michoacán (Martín Sánchez Rodríguez) y de El Colegio de San Luis (Lydia Torre), quienes en conjunción y coordinando a estudiantes, asistentes de investigación e investigadores permitió la elaboración de encuestas, entrevistas y levantamiento de datos etnográficos a través de trabajos de campo, así como recorridos en diversas zonas que no se consideraban directamente involucradas. De esta manera, se fue conformando y definiendo un Sistema Social Regional que permitiera entender por medio de datos estadísticos y de campo, así como por medio de la elaboración de un Sistema de Información Geográfica, la manera en que los habitantes de casi treinta y cinco localidades (de ochenta y cinco consideradas por la CFE) percibían la construcción de tres presas en cadena (en febrero de este año se modificó a dos y un túnel de 20 km), así como la ampliación de caminos, asentamientos de obreros en campamentos, túneles, tendido de vías eléctricas, etcétera.
Para analizar la zona que consideraba la cfe, se delimitaron tres ámbitos: el ámbito estatal, que se refiere al espacio socioeconómico que ocupan los estados de Querétaro e Hidalgo; el ámbito municipal, conformado por los municipios de Cadereyta, San Joaquín, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Querétaro; Zimapán, Pacula, Jacala de Ledesma, La Misión, Chapulhuacan y Pisaflores, Hidalgo. El ámbito local corresponde a las localidades ubicadas en el Sistema Social Regional y aquellas que se incorporarán al tener una influencia por el desarrollo del proyecto. Asimismo, dentro de estos ámbitos se consideró que estas zonas son fuertes expulsoras de población –gran parte de ella hacia Estados Unidos, ciudades fronterizas o puertos, así como a la ciudad de México–, además del papel que la mujer tiene en la toma de decisiones locales y regionales, así como de gestoras de recursos.
El resultado de ocho meses de trabajo permitió mostrar la manera en que el Sistema Social Regional identifica el funcionamiento de instituciones así como preguntarse por el papel que desempeñan en el entramado regional, independientemente de su categoría CENSAL o de su jerarquía en los gobiernos locales. Se trata más de preguntarse por el funcionamiento del sistema y sus actores, que por su organización formal.
El Sistema Social Regional del serm es un campo social abierto, compuesto con elementos heterogéneos (recursos materiales, información, tecnología, componentes institucionales, discursos, así como conjuntos de relaciones sociales de diversos tipos), con una distribución también heterogénea, en la que no prevalece un principio ordenador único. Aunque el patrón de relaciones sociales y la existencia y distribución de recursos permiten ciertas posibilidades organizativas, cualquier orden que emerge de un campo social es el resultado de luchas, negociaciones y acomodos entre grupos en competencia, donde es más probable localizar discontinuidades sociales como resultado de discrepancias de valores, intereses, conocimiento y poder a través del tiempo. En el Sistema Social Regional, cada una de las comunidades es parte integrante de la red de relaciones que las ligan entre sí y con un centro regional o subregional. Los centros regionales son más que la mera sede de las autoridades políticas, judiciales y administrativas. Estos centros facilitan muchas clases de servicios a su región de influencia, tales como comunicaciones (correos, telégrafo, teléfono) y transportes (pasajeros y carga); el comercio se centra en ellos, así como las sucursales bancarias, los sistemas de crédito público y privado, los servicios médicos y hospitalarios, y aun los de carácter religioso; ahí se encuentran también otros especialistas y profesionales, obreros y artesanos que sirven a muchas localidades; además constituyen lugares que ofrecen empleos y oportunidades a la población del área; tienen lugares de diversión y entretenimiento; y las escuelas públicas y privadas ofrecen sistemas de organización completa y niveles medio superior y superior de educación.
Así, que lo que se construyó en este proyecto y se entregó a la cfe, fue una serie de elementos que permiten entender la manera en que se perciben, por parte de los habitantes, las obras de infraestructura hidráulica, creando las herramientas para el análisis y la toma de decisiones de políticas públicas.
Dr. Antonio Escobar Ohmstede
Investigador del CIESAS-DF
Coordinador general del proyecto
ohmstede@ciesas.edu.mx
Debido a la construcción de las represas o presas se fragmentan los ecosistemas fluviales, aislando a las comunidades bióticas de las cuencas altas de las que habitan en las zonas medias y bajas, se interrumpen las migraciones y los movimientos de las especies y se separa al río de sus planicies y litorales; en términos sociales se crean expectativas, que en ocasiones no se cumplen, y se ocasionan conflictos internos en las localidades, acentuando los malestares sociales existentes en las regiones donde se ubican dichos proyectos. Estos efectos los debemos tomar en consideración y evaluarlos en toda su cabalidad, analizando los impactos previos, así como a corto, mediano y largo plazo de un desarrollo en curso, porque es siempre más fácil y más barato prevenir la degradación ambiental que tratar de repararla, así como crear nuevas formas y modelos de desarrollo horizontales que superen los establecidos desde hace décadas, traducidos en expropiar e indemnizar. En el aspecto social, pueden existir rezagos sociales e históricos que se convierten en banderas de lucha por parte de los habitantes, así como factores externos que sirven de detonantes en un espacio social que contenga serias carencias hidrológicas, orográficas, culturales y económicas, así como de representatividad política. Estos aspectos pueden intervenir de manera directa en la aprobación o no, por parte de los habitantes, de un proyecto de desarrollo, lo que en muchos casos lleva a enfrentamientos con las agencias federales que promueven este tipo de proyectos y a una resistencia civil que aglutina variados niveles de quejas y malestar.
En la planeación de un proyecto de desarrollo hidroeléctrico puede determinarse si se van a repavimentar, ampliar o abrir caminos, hacer túneles, tirar casas, modificar el ecosistema, cómo indemnizar a los habitantes, etc., aun cuando básicamente se esté considerando la construcción de la presa y no forzosamente todos los aspectos colaterales, que en muchos casos pueden impactar más que las obras en sí. Ésta puede ser la perspectiva técnica porque son cosas que se pueden observar y medir. Sin embargo, es importante definir las áreas de involucramiento de acuerdo con lo que los habitantes piensan y perciben que son los problemas y luego negociar soluciones que sean adecuadas (en ambos casos, no desde la perspectiva del promotor y ejecutor del proyecto). Es necesario y primordial definir las áreas de involucramiento no solamente en términos técnicos sino sociales –que en varios casos no coincidirán–, lo que se puede elaborar y ejecutar por medio de un cruce de intereses y no solamente con una especie de prevención y monitoreo social paliativo; es decir, a través de diagnósticos y evaluaciones sociales que permitirán concretar muchas de las expectativas que pueden llegar a tener los habitantes de una zona en que se llevará a cabo un proyecto de desarrollo. La perspectiva no debe de ser solamente técnica en el sentido de que se puede lograr a través de la observación y medición, sino que tiene que establecerse mediante el análisis de los significados y los valores que los posibles involucrados atribuyan a los distintos elementos de su vida cotidiana, es decir, es más bien una forma negociada de establecer las necesidades, los requerimientos y las formas de mitigación. Sin duda, lo más inmediato y quizá lo que se observa de manera más tangible es la solicitud de mejoramiento de caminos, luz, agua, escuelas y clínicas; pero esto solamente reflejaría lo inmediato más no lo mediato y a largo plazo, sobre todo cuando en algunos casos las escuelas no cuentan con maestros o las clínicas con médicos. Aquí debemos de considerar que aun cuando un proyecto y sus ejecutores tengan una visión homogénea del proceso, así como de sus diversas etapas, para los pobladores el impacto es diferenciado, ya que cada una de las localidades, así como sus individuos, lo perciben de manera diferente y con diversos grados de intensidad, lo que puede llevar a un choque de visiones y perspectivas, donde una se impondrá de manera avasalladora frente a lo que podría convertirse en una resistencia pasiva o activa de los pobladores.En el actual sexenio del presidente Felipe Calderón la consolidación y expansión de la infraestructura eléctrica ha motivado una importante inversión en diversos estados de la República. Sin embargo, en este proceso y frente a las políticas internacionales que han impulsado la utilización de los llamados recursos renovables, el gobierno mexicano ha considerado que el agua es un elemento de seguridad nacional, no solamente para su captación en presas, sino para el abastecimiento de ciudades y del campo mexicano, aspecto que ya había resaltado el gobierno de Vicente Fox, junto con la necesidad de organizar los sistemas de cuenca y ordenar a los diversos organismos que se encuentran involucrados en la gestión del recurso hídrico. De esta manera el tema “agua” con sus diversas variantes se ha encontrado en los diversos discursos y políticas de desarrollo, siendo un elemento central en las definiciones estatales de apoyo, inversión y producción tecnológica, así como su consideración, además de la migración, dentro de las líneas estratégicas del Sistema de Centros Públicos de Investigación del Conacyt, al que pertenece el CIESAS.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa federal que genera, transmite, distribuye y comercializa energía eléctrica en México, y con base tanto en lo proyectado por el gobierno federal como en las políticas y planes de desarrollo establecidos desde hace varias décadas, ha armado un sistema de generación y distribución de energía eléctrica basado en plantas que utilizan carbón, agua, petróleo o una combinación de cualquiera de las tres fuentes de energía, así como la construcción de presas que contengan la suficiente agua para la generación de electricidad. Aunque el crecimiento de la capacidad de generación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se ha centrado en la utilización de hidrocarburos, la capacidad adicional requerida se obtendrá de la combinación de las tecnologías de generación disponibles; esto se debe a razones técnicas y ambientales que responden a las políticas ambientalistas, así como a los ordenamientos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, así como a de la Comisión Internacional de Represas.
No debemos olvidar que existe un escenario nacional e internacional que contiene una demanda creciente de agua y energía. El SEN en México ha incorporado de manera decisiva, a partir de 2000 –cuando se modificó el marco jurídico que lo regía– la participación de productores independientes de energía (PIE) a través de dos procesos identificados como: autoabastecimiento y cogeneración, particularmente por medio de la tecnología de ciclo combinado. Así, en tan sólo seis años –de 2000 a 2006– una cuarta parte de la energía generada en México estuvo a cargo de los pie. En el escenario de planeación de la CFE a 2017, uno de los elementos más destacados es el cambio tecnológico. Se ha programado una disminución de la tecnología termoeléctrica convencional, cuya capacidad instalada en 2006 representó 26.4%, a 10.9% en 2017; y, en contraparte, la tecnología de ciclo combinado, en la que destacan los PIE, tendrá un gran dinamismo, pues de la cuarta parte que representó su participación en 2006, pasará a 38.8% en 2017.
En tanto, la hidroelectricidad continuará representado una quinta parte de la capacidad instalada del SEN, en un contexto de crecimiento promedio del sector eléctrico de alrededor de 4% anual, durante los próximos diez años. Esto significa que la construcción de centrales hidroeléctricas y las presas a las que están asociadas en la mayoría de los casos, continuará aumentando. En este sentido, México intentará cumplir con la meta global de generar no menos de 19% de su energía a partir del uso no consuntivo del agua en centrales hidroeléctricas.
De esta manera, la cfe ha considerado la construcción del Sistema de Energía Renovable Moctezuma (SERM), ubicado entre los estados de Hidalgo y Querétaro, el cual aportará al sistema eléctrico nacional una capacidad de 114 gw para obtener una generación hidroeléctrica media anual de 849.4 gw / h, mediante el aprovechamiento complementario de un río ya controlado, como es el caso del Moctezuma.
El río Moctezuma (límite geográfico de los estados de Querétaro e Hidalgo) se forma por la confluencia de los ríos Tula y San Juan, aguas abajo se le une por la margen izquierda el río Extoraz y a la altura de Tamazunchale, San Luis Potosí, confluye el río Amajac por la margen derecha. El río continúa con el nombre de Moctezuma hasta la confluencia con el río Tampaón, tomando el nombre de río Pánuco hasta su desembocadura en el golfo de México. A esto habría que agregarle que ambos lados del río pertenecen a lo que se conoce como la Sierra Gorda, lo que permite considerarlo como un espacio en que sus habitantes comparten ciertos rasgos y relaciones diversas. De esta manera no solamente se toma en cuenta un nivel de regionalización a partir de la subcuenca del Moctezuma (perteneciente a la cuenca del Pánuco-Moctezuma), sino también se considera un sistema orográfico donde se desarrollarán los proyectos con otras características, superando en mucho la sola relación de los habitantes con el río, cuando ésta se da.
La región hidrológica del Pánuco comprende, además de la cuenca del río Pánuco y sus tributarios, la totalidad de la cuenca cerrada del Valle de México. Colinda con cinco regiones hidrológicas: al sureste con la RH 27 Norte de Veracruz, al sur con la RH 18 Balsas, al oeste con la RH 12 Lerma-Santiago, al norte con la RH 37 Salado y, al norte y noreste con la RH 25 San Fernando-Soto La Marina. Al este, en su desembocadura al Golfo de México, el río Pánuco se abre paso a través de un estrecho corredor por el que logra alcanzar el mar, dejando atrás un conglomerado de lagunas que hacen de su desembocadura un ecosistema diverso y particular.
La cuenca del río Pánuco representa 16% de la superficie total de las catorce cuencas fluviales de la vertiente del golfo de México; es la segunda por su extensión, y ligeramente más extensa que la cuenca del Grijalva-Usumacinta (83 533 km2); únicamente superada por la cuenca del río Bravo, que es la mayor, con una extensión equivalente a 42% (226 280 km2) de la extensión total de la vertiente. En cuanto su longitud, el río Bravo es el mayor con 2 018 km, el Grijalva-Usumacinta con 1 521 kilómetros, y el río Pánuco, con sus 510 kilómetros tiene una longitud semejante a una tercera parte de la del Grijalva-Usumacinta, si bien con una extensión equivalente. El mayor contraste entre estos tres sistemas fluviales se manifiesta en el volumen del escurrimiento natural medio superficial, ya que mientras el del sureste tiene que conducir un volumen de 115 536 hm3/año que representa 46% del total del caudal y, con mucho, el mayor de la vertiente del golfo; el Pánuco moviliza 20 330 hm3/año, equivalente a 8%, el cuarto de esta vertiente en cuanto al volumen que desplaza; y al que delimita la frontera norte internacional, corresponde un escurrimiento de 5 588 hm3 / año, equivalente a 2% y séptimo, en cuanto al volumen que desplaza.
La importancia de la cuenca se remonta al periodo colonial cuando en el Valle de México se comenzaron a realizar las obras de desagüe del Huehuetoca; posteriormente se convirtió en el punto de desagüe de las aguas negras de la ciudad de México hacia el golfo de México a la altura del puerto de Tampico; su recorrido fue utilizado para la agricultura, y en la actualidad algunas de las industrias ubicadas en su trayecto vierten algunos de sus desechos en él.
Durante los años coloniales y decimonónicos, sus aguas sirvieron para mantener los cultivos y a los habitantes de sus márgenes, principalmente de la zona del Mezquital en el actual estado de Hidalgo. Frente a la modernización que comenzaba a desarrollarse en el país a fines del siglo xix y a la mejora en la tecnología, la corriente del Moctezuma comenzó a interesar para aspectos que iban más allá de la agricultura. Diversos y variados actores sociales comenzaron a percibir que el volumen de agua que llevaba el río en su cauce, podría ser utilizado para algo más que solamente saciar la sed de las simientes, por lo que a principios del siglo XX, algunos usuarios comenzaron a solicitar a la Secretaría de Fomento una serie de autorizaciones con el fin de obtener derechos para la utilización del líquido para generar electricidad a través de obras hidráulicas, muchas de las cuales no se pudieron concretar; sin embargo, la importancia del río como posible generador de energía eléctrica ha estado presente en los actores sociales del pasado y del presente.
Después de la Revolución de 1910, el río Moctezuma fue declarado por parte del gobierno federal como propiedad de la nación, el 29 de marzo de 1919, con base en lo que se consideraba en el artículo 27 de la Constitución de 1917, en el sentido de que si una corriente servía de límites entre dos entidades federativas, éste pertenecía a la nación, aspecto que se tomaba de una ley porfirista (1888). De esta manera se consideraba al Moctezuma como una corriente perenne que se formaba de la unión de los ríos de San Juan del Río y del Tula, la cual se daba en el lugar llamado “Infiernillo” del Distrito de Zimapán, Hidalgo. El río cambia de nombre por el de Pánuco en Tamuín, San Luis Potosí.
En 1929, Walter E. Packard, manifestó ante la Secretaría de Agricultura y Fomento el deseo de obtener una concesión para aprovechar un volumen anual de cinco mil milloes de metros cúbicos, de las aguas del río Moctezuma para generación de fuerza motriz. En el mismo documento se menciona que se pretendían hacer las obras de derivación de las aguas en los distritos o municipalidades de Zimapán, Tecozautla, La Misión y Pacula del estado de Hidalgo, así como los de Cadereyta y Jalpan del estado de Querétaro. Sin embargo, la concesión no fue autorizada debido a que existía una veda en las corrientes del Moctezuma.
El análisis del potencial hidroeléctrico del río Moctezuma ha requerido de una planeación que incluye estudios técnicos, ambientales y sociales para determinar la factibilidad de los proyectos; en cuanto a lo correspondiente al aspecto social, el ciesas elaboró un diagnóstico social con el fin de poner sobre el tamiz la manera en que las diversas localidades y sus habitantes observan y perciben los proyectos que plantea la cfe, así como las posibles implicaciones y expectativas que se han generado considerando principalmente a los involucrados de una u otra manera. En este proyecto colaboraron investigadores de la Universidad Autónoma de Querétaro (Alberto García Espejel), de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo (Sócrates López), de El Colegio de Michoacán (Martín Sánchez Rodríguez) y de El Colegio de San Luis (Lydia Torre), quienes en conjunción y coordinando a estudiantes, asistentes de investigación e investigadores permitió la elaboración de encuestas, entrevistas y levantamiento de datos etnográficos a través de trabajos de campo, así como recorridos en diversas zonas que no se consideraban directamente involucradas. De esta manera, se fue conformando y definiendo un Sistema Social Regional que permitiera entender por medio de datos estadísticos y de campo, así como por medio de la elaboración de un Sistema de Información Geográfica, la manera en que los habitantes de casi treinta y cinco localidades (de ochenta y cinco consideradas por la CFE) percibían la construcción de tres presas en cadena (en febrero de este año se modificó a dos y un túnel de 20 km), así como la ampliación de caminos, asentamientos de obreros en campamentos, túneles, tendido de vías eléctricas, etcétera.
Para analizar la zona que consideraba la cfe, se delimitaron tres ámbitos: el ámbito estatal, que se refiere al espacio socioeconómico que ocupan los estados de Querétaro e Hidalgo; el ámbito municipal, conformado por los municipios de Cadereyta, San Joaquín, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Querétaro; Zimapán, Pacula, Jacala de Ledesma, La Misión, Chapulhuacan y Pisaflores, Hidalgo. El ámbito local corresponde a las localidades ubicadas en el Sistema Social Regional y aquellas que se incorporarán al tener una influencia por el desarrollo del proyecto. Asimismo, dentro de estos ámbitos se consideró que estas zonas son fuertes expulsoras de población –gran parte de ella hacia Estados Unidos, ciudades fronterizas o puertos, así como a la ciudad de México–, además del papel que la mujer tiene en la toma de decisiones locales y regionales, así como de gestoras de recursos.
El resultado de ocho meses de trabajo permitió mostrar la manera en que el Sistema Social Regional identifica el funcionamiento de instituciones así como preguntarse por el papel que desempeñan en el entramado regional, independientemente de su categoría CENSAL o de su jerarquía en los gobiernos locales. Se trata más de preguntarse por el funcionamiento del sistema y sus actores, que por su organización formal.
El Sistema Social Regional del serm es un campo social abierto, compuesto con elementos heterogéneos (recursos materiales, información, tecnología, componentes institucionales, discursos, así como conjuntos de relaciones sociales de diversos tipos), con una distribución también heterogénea, en la que no prevalece un principio ordenador único. Aunque el patrón de relaciones sociales y la existencia y distribución de recursos permiten ciertas posibilidades organizativas, cualquier orden que emerge de un campo social es el resultado de luchas, negociaciones y acomodos entre grupos en competencia, donde es más probable localizar discontinuidades sociales como resultado de discrepancias de valores, intereses, conocimiento y poder a través del tiempo. En el Sistema Social Regional, cada una de las comunidades es parte integrante de la red de relaciones que las ligan entre sí y con un centro regional o subregional. Los centros regionales son más que la mera sede de las autoridades políticas, judiciales y administrativas. Estos centros facilitan muchas clases de servicios a su región de influencia, tales como comunicaciones (correos, telégrafo, teléfono) y transportes (pasajeros y carga); el comercio se centra en ellos, así como las sucursales bancarias, los sistemas de crédito público y privado, los servicios médicos y hospitalarios, y aun los de carácter religioso; ahí se encuentran también otros especialistas y profesionales, obreros y artesanos que sirven a muchas localidades; además constituyen lugares que ofrecen empleos y oportunidades a la población del área; tienen lugares de diversión y entretenimiento; y las escuelas públicas y privadas ofrecen sistemas de organización completa y niveles medio superior y superior de educación.
Así, que lo que se construyó en este proyecto y se entregó a la cfe, fue una serie de elementos que permiten entender la manera en que se perciben, por parte de los habitantes, las obras de infraestructura hidráulica, creando las herramientas para el análisis y la toma de decisiones de políticas públicas.
Dr. Antonio Escobar Ohmstede
Investigador del CIESAS-DF
Coordinador general del proyecto
ohmstede@ciesas.edu.mx
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